Responder con datos camuflados tiene los días contados. Así se desprende de la respuesta que finalmente ha tenido que ofrecer el Ayuntamiento tras la intervención de la GAIP, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública.
El alcalde volvió a actuar con opacidad ante una petición de información pública formulada por este medio para conocer el número real de denuncias impuestas desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Civismo. Solo tras la intervención de la GAIP y ante la obligación legal de entregar la información solicitada, el ayuntamiento acabó facilitando los datos el pasado 12 de marzo de 2026.
En aquella primera respuesta, escueta e incompleta, el alcalde aseguró que hasta esa fecha se habían interpuesto 454 denuncias. Sin embargo, los nuevos datos entregados ahora, también por exigencia de la comisión de garantías, desmontan completamente aquella cifra oficial.
La documentación real revela que hasta el 12 de marzo ya se habían impuesto 693 denuncias, es decir, 239 sanciones más de las que inicialmente se comunicaron y que nunca fueron notificadas públicamente.
El análisis completo de los expedientes, a fecha 13 de abril de 2026, refleja además un importante volumen económico. En total, las sanciones impuestas ascienden a 285.701,19 euros.
Las infracciones más perseguidas por el Ayuntamiento corresponden al artículo 23 de la
ordenanza (Prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias que pueden generar dependencia), que acumula 301 denuncias y más de 75.250 euros en sanciones. Muy por detrás aparecen el artículo 39 (Limpieza y salubridad), con 77 denuncias y casi 34.000 euros recaudados, y el artículo 76 (Expresiones irrespetuosas), con 49 expedientes sancionadores y 19.600 euros en multas.
También destacan:
- el artículo 61 (Normas de conducta), con 47 denuncias
- el artículo 15 (Rechazo de la violencia), con 42 sanciones y más de 27.000 euros recaudados
- y el artículo 57 (Uso indebido de los servicios públicos y de los equipamientos e instalaciones municipales), con 37 expedientes abiertos
Los datos evidencian las dificultades encontradas para acceder a información pública que debería haberse entregado desde el primer momento y sin necesidad de recurrir a la GAIP.
La diferencia entre las cifras inicialmente comunicadas y las finalmente reconocidas abre ahora interrogantes sobre la transparencia de este equipo de gobierno y sobre los motivos por los que centenares de denuncias quedaron fuera de la primera respuesta oficial.
Consulta de la ordenanza de civismo de Sant Andreu de la Barca:










